Cancún, Qroo.
Convocado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Cancún,
este jueves se conformó el Grupo Quintana Roo, el cual aglutina 16 asociaciones
empresariales y más de 250 compañías de los ramos turístico e inmobiliario para
pronunciarse en contra de la iniciativa de reforma hacendaria propuesta por el
gobierno federal, la cual -afirman- tendrá efectos “catastróficos” sobre la
economía del estado.
Se trata de un movimiento inédito
en la historia de la entidad ante la amenaza de una reforma fiscal que, desde
la óptica empresarial, dañará principalmente a la clase media y a la pequeña y
mediana empresa, misma que representa prácticamente 80% del total de empleos a
nivel estatal y nacional, según expuso ante una sala abarrotada del hotel Ritz
Carlton el empresario inmobiliario Miguel Ángel Lemus Mateos.
El planteamiento preliminar en el
que coincidieron de manera unánime los más de 250 representantes empresariales,
es solicitar en bloque, como Grupo Quintana Roo, el derecho de audiencia ante
el Poder Legislativo para plantear la modificación de 15 puntos contenidos en
la iniciativa presidencial respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 10
puntos sobre la Ley de Impuesto al Valor Agregado y cinco puntos sobre el
Código Fiscal de la Federación, que son los que identifican como “lesivos” para
la economía, particularmente para los motores del crecimiento estatal: turismo
e industria inmobiliaria.
¿QUÉ PROPONEN?
Lemus Mateos explicó que, en
términos generales, los puntos que potencialmente representan un mayor impacto
a la economía a nivel estatal es la eliminación del régimen fronterizo, el cual
elevaría de 11 a 16% la tasa del IVA, la eliminación de la tasa 0 a congresos y
convenciones, así como la aplicación del IVA a la renta y venta de casas y a
los créditos de vivienda.
Se pronunciaron, en cambio, aunque
sin el consenso mayoritario, en favor de aplicar un IVA generalizado a
alimentos y medicinas.
El dirigente estatal de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Manuel Peraza,
propuso que se plantee a los legisladores federales elevar sólo en 1% la tasa
del IVA, para pasar de 16 a 17% a nivel nacional y de 11 a 12% en las zonas
fronterizas, con lo cual, dijo, se garantizan recursos adicionales para la
Federación y se evita un impacto de mayores proporciones en los estados de las
fronteras norte y sur del país.
El plazo para solicitar audiencias
ante el Poder Legislativo vence el próximo 24 de septiembre. El bloque
empresarial terminará de pulir entre hoy y mañana la propuesta que presentarán
para reunirse a principios de octubre con diputados y senadores.
REPERCUSIONES ESTATALES
Un análisis de Deloitte, presentado
ayer ante el Grupo Quintana Roo, refirió que esta entidad, así como los estados
fronterizos, serán los que resientan de manera más fuerte el impacto de la
reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo federal, pues la iniciativa
incide en dos de los sectores que representan prácticamente 90% de la actividad
económica del estado: el turismo y la industria inmobiliaria.
Luis M. Liñero, analista de
Deloitte, explicó que ambos sectores son indisociables. Por lo tanto, el
impuesto a la renta y venta de viviendas, así como a los créditos hipotecarios,
golpeará o prácticamente pondrá en recesión esta industria, la segunda en
términos de generación de riqueza y empleos después de la hotelería en todo el
Caribe. Aunado a ello, el incremento de la tasa del IVA de 11 a 16% generará
una espiral inflacionaria que no se vivirá en otros estados.
Síntesis
En la frontera sur de nuestro país fue creada una organización
formada por un grupo de empresarios de quintana roo, quienes están en
desacuerdo con la actual reforma hacendaria y fiscal que ha emitido el
presidente enrique peña nieto.
Aseguran que en gran parte estas reforman impactaran
de manera negativa en el pueblo mexicano sobre todo en lo que respecta a las
pequeñas y medianas empresas del territorio nacional, quienes conforman la mayoría
de las empresas establecidas en la república mexicana. La organización creada
tiene como objetivo solicitar una audiencia ante el poder legislativo para
poder debatir algunos de los puntos conformados en estas reformas en los que se
está inconforme, los cuales aseguran podrían llevarnos a una recesión.
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